El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha logrado aumentar su poder político en el país tras una serie de cambios constitucionales que entraron en vigor en abril de 2018. Estas reformas, que fueron aprobadas en un controvertido referéndum en 2017, han sido criticadas por la oposición y por organismos internacionales por limitar la separación de poderes y restringir las libertades civiles.
Uno de los cambios más significativos es la abolición del cargo de primer ministro, que ha sido reemplazado por un vicepresidente, elegido por el presidente. A su vez, el presidente tendrá la capacidad de nombrar jueces y fiscales de manera directa, lo que ha generado preocupaciones sobre la independencia del poder judicial.
Además, el número de miembros del Parlamento ha sido aumentado de 550 a 600 y el mandato presidencial ha sido extendido de cinco a siete años. También se ha ampliado la capacidad del presidente para declarar estados de emergencia y emitir decretos con fuerza de ley, mientras que se han reducido las funciones del Parlamento en la elaboración de leyes.
Los partidos de oposición se han opuesto enérgicamente a los cambios constitucionales, argumentando que socavan la democracia y las libertades civiles. Además, la oposición ha criticado el proceso de aprobación, que se llevó a cabo en un referéndum en el que el presidente Erdogan utilizó medios estatales y privados para promocionar la votación 'sí'.
Organismos internacionales, como la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, también han expresado preocupación por los cambios, señalando que limitan la separación de poderes y restringen las libertades civiles en Turquía.
Por otro lado, los partidarios del presidente Erdogan han argumentado que los cambios son necesarios para fortalecer el gobierno y mejorar la eficiencia en la toma de decisiones. También han enfatizado que los cambios constitucionales fueron aprobados por una mayoría en el referéndum y, por lo tanto, tienen una base legítima.
Los cambios constitucionales permiten a Erdogan consolidar aún más su poder en Turquía, limitar el poder de la oposición y del Parlamento, y afectar la independencia del poder judicial. Esto preocupa a muchos grupos, especialmente a defensores de los derechos humanos y aquellos que valoran la democracia y las libertades civiles.
Además, los cambios pueden tener un impacto en la economía turca, ya que los inversionistas internacionales pueden preocuparse por la inestabilidad política y el riesgo de un autoritarismo cada vez mayor.
Los cambios constitucionales que han otorgado más poder al presidente Erdogan en Turquía son motivo de preocupación para muchos grupos, especialmente para la oposición y los defensores de los derechos humanos. Si bien los partidarios del presidente han argumentado que los cambios son necesarios para fortalecer el gobierno y mejorar la eficiencia, otros han expresado su preocupación por el impacto negativo en la democracia y las libertades civiles. Es importante seguir de cerca la situación en Turquía y cómo estos cambios afectan al país y su gente.